Como un aporte para el debate propuesto, hemos elaborado un documento,con el asesoramiento de connotados profesionales en los campos: médico,
ético y jurídico, referido, de una manera particular, a los derechos de los niños por nacer. La vida humana está por encima de toda bandera política y religiosa o de posiciones erróneamente calificadas como conservadoras o progresistas.
1. Aspectos médicos

a) La biología molecular y la genética demuestran que la vida humana inicia en la concepción y no en la implantación del óvulo fecundado en el endometrio, ni a partir de las 12 semanas (tres meses de gestación), ni tampoco desde del nacimiento.
b) El código genético dirige, de una manera autónoma, el desarrollo del nuevo ser humano, en sus fases embrionaria, fetal y luego del nacimiento. El nuevo ser humano, por tanto, desde el inicio de la concepción, tiene un ADN distinto al de los progenitores. No es una parte de la madre, de la que ella pueda disponer libremente, bajo
el argumento del derecho a decidir sobre SU propio cuerpo.
c) Durante la gestación se ha comprobado científicamente que no hay saltos cualitativos, cualquiera que sea el nombre que se dé al nuevo ser: óvulo fecundado, cigoto, mórula, blastocito. Es el mismo y único ser humano el que se desarrolla en todas y cada una de sus fases.
d) La gestación del ser humano no es una construcción genética que requiere elementos externos. Las características esenciales están ya contenidas en el código genético propio, tales como el sexo masculino o femenino, 2

2. Aspectos éticos

a) La ética y la moral se relacionan, especialmente, con los valores universales de la justicia, la verdad, la honestidad, la libertad y la igualdad. Por tal razón, no dependen de tiempos y lugares, ni de razas, etnias, religiones o culturas, como tampoco de acuerdos o consensos. La historia es pródiga en mostrar la inmoralidad de pactos y de leyes que, en función de la supremacía de la raza, del expansionismo nacionalista o del afán de poder, atentaron de forma radical contra la
dignidad humana y la libertad de los pueblos.

b) Los deberes éticos y morales se fundamentan en el
reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos. El primero y fundamental, sin lugar a duda, es el derecho a la vida, con todas sus implicaciones y consecuencias. Sin este derecho, los otros no tendrían ningún valor.

c) La ética y la moral consideran los aspectos corporales,
psicológicos y espirituales de todas las personas. Por tal motivo, la vida de la madre y la de su hijo tienen el mismo valor ontológico y, por tanto, idéntico valor ético y moral. La vida de ambos, del niño y de la madre, es superior a todos los valores sociales, políticos, económicos, estéticos, culturales y religiosos. Por eso, el bien de la persona humana, desde la concepción hasta el final de su vida, está por encima de cualquier otro valor.

d) Los médicos, psicólogos y psiquiatras tienen la obligación moral de decir la verdad sobre los métodos abortivos y sus consecuencias: físicas (esterilidad, cáncer de mama y de útero, somatización de enfermedades), psicológicas (ansiedad, depresión, insomnio, intento de suicidio), éticas (sentimientos de culpa y vergüenza, reproches constantes) y espirituales (sentimientos de
rechazo y condena hasta del mismo Dios).

e) Las fuentes informativas, tanto oficiales como de las organizaciones sociales, sobre embarazos de adolescentes, violaciones, muerte de mujeres en centros no calificados que practican abortos, deben de ser
verificadas y contrastadas con la realidad de los hechos, de tal forma que no se manipulen las cifras para minimizar o exagerar los hechos. Las fuentes estadísticas deben ser de fácil acceso al público, fiables y comprobables.

f) La expresión “aborto seguro y gratuito” es ambigua. Los
procedimientos químicos y quirúrgicos no siempre son seguros para la
vida de la madre; más de una mujer ha fallecido o ha adquirido 3 enfermedades. El Estado, por ser un ente jurídico y administrativo, no cuenta con recursos propios; por tanto, el costo de los abortos voluntarios se paga con los impuestos de todos los ecuatorianos, cuya inmensa mayoría no está de acuerdo con esta práctica.

g) Desde el punto de vista ético, es necesario preguntarse por quiénes se benefician económicamente de las políticas públicas que favorecen el aborto. Lamentablemente este es un tema silenciado sistemáticamente por diversos organismos nacionales e
internacionales.

3. Aspectos jurídicos

a) Los derechos humanos, individuales y colectivos preceden a todo ordenamiento jurídico, por cuanto son inherentes o consustanciales a las personas y a los pueblos. No son, por consiguiente, concesiones o dádivas del Estado o fruto de consensos o acuerdos sociales o políticos. Las sociedades y los Estados tan sólo
deben reconocer, respetar y garantizar su vigencia. Más bien, los consensos o acuerdos políticos deberían de garantizar los medios - teóricos y prácticos- para su aplicación.

b) La Constitución ecuatoriana asegura a todas las personas el
derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y las protege desde la concepción. (Cfr. Art. 45). Las Leyes, los reglamentos y las ordenanzas deben, entonces, reconocer, respetar, promover, defender y garantizar los derechos de todos los seres humanos, desde su inicio y
hasta el final, en base a verdades científicas y valores éticos. No es correcto legislar despojándose de los valores éticos.

c) El aborto, actualmente, está despenalizado por motivos
"terapéuticos" (si la vida de la madre está en peligro de muerte) y por violación de una mujer demente. La reforma propone ampliar las causales de la despenalización en los “casos de violación, malformaciones del feto que hagan inviable su vida, estupro, incesto e inseminación no consentida”. En todos estos casos, ¿quién decide, la
mujer embarazada, los progenitores de las menores, el médico o el Estado?

d) En los embarazos por “violación, estupro, incesto e inseminación no consentida”, están presentes tres actores: la víctima, el agresor y un nuevo ser humano. Las víctimas necesitan ser acompañadas, sin falsas compasiones, por médicos, psicólogos y juristas; el agresor, juzgado y castigado con todo el rigor de la ley por tan horrendo crimen; 4 y el ser concebido, defendido de toda imputación legal. Una injusticia no se elimina con otra injusticia: con la muerte de un inocente.

e) El debate, tal como está planteado, se centra en “la pena” que se deba o no imponer a las personas que practican el aborto inducido y no en si este es o no un delito. Si deja de ser un delito, automáticamente caen la culpa o responsabilidad y la pena o sanción.

Con este acento, se pretende descriminalizar el aborto voluntario; más aún, considerarlo como un derecho de la mujer embarazada. Pero ¿existe un derecho para quitar la vida de un niño por nacer? Lo que la madre rechaza o destruye es a un ser humano con vida e identidad propia, derechos que no pueden ser sustraídos, con argumentos que carecen de criterios éticos y médicos.

f) Con justa razón y criterio inclusivo se propone en el debate de la Ley incorporar “infracciones y sanciones al maltrato, lesiones, abandono y abuso sexual a mascotas o animales de compañía”, pero ¿por qué no se aplican semejantes planteamientos a la violencia que sufren los
niños por nacer, como exigencia de la dignidad de la persona humana?

4. Compromisos

A la luz de estos y otros principios médicos, éticos y jurídicos, como sociedad civil debemos comprometernos

a) Formar a los jóvenes en la dimensión afectivo-sexual para que asuman,con libertad y responsabilidad, su paternidad y maternidad, desde una pedagogía del amor y del respeto recíproco entre varones y mujeres.

b) Promover la participación activa de los padres de familia en la elaboración y ejecución de los programas de salud y educación que estén orientados a respetar el derecho a la vida y a garantizar una mejor calidad de la misma.

c) Exigir a los organismos competentes que establezcan sanciones ejemplares para las personas que incurren en los delitos de violación, incesto, estupro, inseminación no consentida y casos similares. No es justo que muchos violadores caminen inmunes de toda sanción penal.

d) Fortalecer centros de atención especializada: médica, psicológica, jurídica y espiritual para las madres embarazadas en alguna de las situaciones no deseadas, financiados por el Estado.

e) Facilitar a las madres embarazadas en circunstancias contrarias a su voluntad la posibilidad de dar al niño en adopción, a través de políticas ágiles y seguras que brinden la protección integral tanto a la madre como al hijo concebido.

f) Acompañar, solidaria y respetuosamente, a las madres que han abortado y a sus familiares, en el proceso de sanación de sus heridas físicas, emocionales, morales y espirituales.

                                                                

 

Quito, 03 de enero del 2019
CONSEJO DE PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL